Monolito en recuerdo del Caudillo



Manuel Bustos en una de sus
innumerables apariciones
en televisión la semana pasada

El 1 de octubre de 1962, cinco días después de la noche trágica, Francisco Franco viajó hasta Barcelona para consolar a los damnificados de la riada. Las críticas surgidas cinco años atrás a raíz de las inundaciones de Valencia en 1957, porque el Caudillo había tardado diez en visitar la capital del Turia, sirvieron de acicate para que el régimen se trasladara rápidamente y en peso a Catalunya, donde hicieron a las víctimas todo tipo de promesas.

El Caudillo lideró aquella embajada gubernamental, abrió de par en par sus manos y como si fuera un padre afectado por la aflicción y lágrimas de sus hijos prometió a todos un consuelo económico. La decisión de Franco de articular consuelo económico a los afectados fue adoptada el mismo día de su llegada  a la capital catalana en el transcurso de un Consejo de Ministros celebrado en el Palacio de Pedralbes, tras un Te Deum en la catedral y un recorrido "triunfal" por las calles de la ciudad.

Franco y sus ministros adoptaron tres tipos de ayudas: apadrinamiento de las poblaciones siniestradas lo que conllevaba financiar su reconstrucción, indemnizaciones a las víctimas y por último préstamos a los fabricantes afectados por la riada.

Poblaciones,  damnificados y fabricantes del Vallès se convirtieron así, de pronto, según los grandes titulares de la prensa del día siguiente,  en los hijos protegidos y mimados de un padre generoso; el Generalísimo. La prensa estaba tan embriagada con las promesas del régimen y tan entregada a su misión sagrada de loar al Caudillo, que se olvidaron de preguntar de dónde iba a sacar el Estado tanto dinero para cumplir sus compromisos.

El régimen pero lo tenía todo calculado; las víctimas iban a ser indemnizadas con las aportaciones de los conciudadanos a la Cuestación Nacional, el dinero a los fabricantes lo iban a sacar los industriales de sus propios bolsillos, no en vano se trataban de prestamos con obligación de devolverlo y la reconstrucción de las poblaciones apadrinadas fueron aparcadas o en el mejor de los casos sometidas a una cura de adelgazamiento presupuestario y administrado además en pequeñas dosis a lo largo de varios años.

En cualquier caso, aquellas promesas económicas del régimen, aun siendo fantasiosas y claramente  inabordables por un Estado que tenia las cajas vacías, desataron una oleada de agradecimiento orquestada por el Gobierno Civil de Barcelona que sugirió dos formas de dar gracias al Jefe del Estado;  nombrar a Franco hijo adoptivo de cada una de las poblaciones o levantar en las ciudades beneficiadas con el maná del dictador un obelisco o monolito en memoria al gesto del Caudillo.

Hubo poblaciones que no sólo nombraron a Franco hijo adoptivo de la ciudad, si no que además levantaron en su honor un obelisco. Algunos de estos obeliscos o monolitos, con el paso del tiempo fueron maquillados con una placa  diferente a la planteada originalmente. Así en lugar de dar gracias al Caudillo el monolito de turno acabaría sirviendo para recordar las víctimas o los donantes. Hubo también poblaciones rebeldes que en una actitud de desobediencia clara hacia el régimen, optaron por quedarse con los brazos cruzados; ni monolito ni nombramiento de hijo adoptivo a Franco.

Hace poco mas de dos semanas Sabadell, por orden de un consistorio presidido por Manuel Bustos, puso en pie un monolito destinado a homenajear a las víctimas de la riada.

Me temo que nadie advirtió al alcalde Bustos que el hecho de que Sabadell no tuviera hasta entonces un monolito dedicado a las víctimas quizás no era más que consecuencia de un acto de desobediencia consciente hacia el franquismo y que su ausencia no hacia mas que perpetuar y recordar a todos sus ciudadanos un gesto de rebeldía.

En cualquier caso el acto de inauguración del monolito en Sabadell pasó prácticamente desapercibido por una ciudad machacada por los mensajes obsesivos de un alcalde, Manuel Bustos,  más preocupado en defenderse públicamente de las acusaciones de corrupción que en acordarse de las víctimas de una riada que había pasado hace demasiado tiempo.

Medio siglo de corrupción urbanística en el Vallés

En el trasfondo de la riada del 62 se alza imperturbable la sombra de la corrupción urbanística. Las huellas de esta corrupción se encuentran fielmente recogidas en el sumario 14.681/62 que empezó a instruir al día siguiente de la riada el juez Julián Serrano Puértolas, titular del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 1 de Terrassa.

Este sumario, que yacía olvidado en las estanterías del Archivo Comarcal de Terrassa, fue recientemente rescatado por los responsables del archivo dentro del proceso de revisión de la historia que se viene efectuando con ocasión del 50 aniversario de la riada del Vallés y en la que, modestamente, hemos aportado un grano de arena en forma de libro, que se llama La riuada de Franco, del que surge este blog.

La recuperación de este sumario por parte del Archivo Comarcal de Terrassa y en especial del investigador Josep Lluís Llorca, hace pocos meses, constituye un jalón histórico trascendente, ya que es la prueba palpable que desde el primer momento sectores de sensibilidad democrática trataron de buscar pruebas y establecer conexiones entre la tragedia y la corrupción urbanística.

El juez Julián Serrano Puértolas al frente de una comisión judicial, a pecho descubierto, empezó a escarbar en el barro y a buscar las pruebas de esta conexión criminal que enlazase tragedia y corrupción urbanística. Llevó a cabo la misión con absoluta seriedad y minuciosidad, levanto croquis, tomo fotos de las víctimas y llamo a declarar a sus familiares. Pero el juez Serrano, que por su cargo intuyó que debía de ser un recién salido de la carrera, hizo algo más: empezó a preguntar a organismos e instituciones quien era el responsable de que se hubieran levantado viviendas y fábricas en los cauces de los ríos y de las rieras. 

El juez osó incluso llevar su investigación hasta el Ayuntamiento de Terrassa, la Confederación Hidrográfica del Ebro o a la Delegación Provincial del Ministerio de la Vivienda. Trato así de localizar la  mano o las manos asesinas que habían firmado las licencias que permitieron levantar edificaciones en terrenos cuanto menos peligrosos. No era una pesquisas en el aire, se basaba en la evidencia de centenares de muertos y millares de damnificados, pero también en detalles menores, pero no por ello menos importantes, como lo demuestra el hecho probado en su sumario que el Grupo de Viviendas San Lorenzo de Terrassa se levantara en zona no edificable, un terreno público, para convertirse en catafalco de un número indeterminado de personas.

Desde una perspectiva històrica, tan apasionante y trascendente es conocer el responsable o los responsables de aquellas atrocidades urbanísticas, como explicar quien era ese juez, Julián Serrano Puértolas, quien amenazó en 1962  poner patas arriba al franquismo, abrir en canal un cartapacio municipal experto en  irregularidades  urbanísticas y hacer caer en cascada a decenas de responsables políticos. No les voy a explicar la biografía de Julián Serrano Puértolas, entre otras razones porque no la tengo, pero sí puedo decirles que fue uno de los fundadores de la plataforma clandestina Justicia Democrática, que en 1972 se creó para combatir el franquismo y que aglutinó jueces, magistrados fiscales y personal administrativo.

Julián Serrano Puértolas fue uno de los comisionados de Barcelona que en 1972, en la agonía del franquismo, se reunió clandestinamente en el domicilio madrileño del juez Clemente Auger para fundar Justicia Democrática, junto con otros comisionados provenientes de Madrid y de otros puntos de España. Julián Serrano había viajado hasta Madrid con los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José MariaMena, entre otros. A todos les unía desde hacia años el mismo objetivo:  dinamitar el franquismo.

Justicia Democrática jugó un papel capital en la lucha contra el franquismo, una lucha que continuaron en la transición, lo que les costó represión, en forma de traslados forzosos o acotaciones en sus expedientes que les impidieron el acceso a determinados destinos. Yo conocí a muchos de sus miembros, con los que compartí momentos de zozobra, de lucha y sobretodo de ira. Julián Serrano fue uno de ellos.

Justicia Democrática fue el germen a partir del cual se creó en 1982 Jueces para la Democracia, una de las cinco asociaciones de la magistratura existentes actualmente en España. Jueces para la Democracia ha heredado el compromiso democrático firme y radical, pero tambien el prestigio de aquella plataforma clandestina contra el franquismo.

 

Pero volvamos al punto cero de esta historia para explicar que la maniobra política-judicial del juez Julián Serrrano, tratando de establecer un nexo causal entre la tragedia de la riada del 62 y la corrupción e irregularidades urbanísticas, fracasó.

El juez Serrano, sin que se sepa muy bien por qué, fue relevado de su cargo y se le envío a otro destino. En su lugar, al frente del juzgado de Terrassa y de aquel sumario que amenazaba al régimen, se colocó a otro juez, quizás mas dócil, seguramente menos guerrero, es decir menos comprometido con la democracia, que cerró la investigación de golpe: el carpetazo.

El 28 de marzo de 1964, el nuevo juez de Terrasa, instructor asimismo del sumario acumulado de Rubí, dictó un auto dando por concluidas las investigaciones por cuanto en su opinión no se había podido localizar ni discernir a responsables de las muertes ocasionadas a raíz de la riada.  

El auto lleva la firma del juez Antonio del Cacho Frago, que después fue magistrado en Barcelona, vicepresidente del Tribunal de la Competencia en Madrid y que fue designado miembro del Consejo del Poder Judicial entre 1985 y 1990 gracias al apoyo de la Minoría Catalana del Parlamento de Madrid, en otras palabras CiU. Cacho fue además miembro activo de la Asociación Profesional de la Magistratura, enfrentada ideológicamente a Jueces para la Democracia, en la que se alinearon los sectores más conservadores de la judicatura.

No me atrevería a decir que el juez Antonio del Cacho fuera un franquista, pero sí está claro que en 1964, hizo un favor al franquismo al cerrar la boca -el sumario- del único juez que trató de investigar las corrupciones urbanísticas de Terrassa y Rubí y establecer su conexión con la riada del 62, causante de la muerte de cerca de 700 personas.

Cincuenta años después, la corrupción urbanística asoma de nuevo en El Vallés. La sombra de las dudas se abaten esta vez sobre la alcaldía de Sabadell, amenazan con abrir en canal el consistorio y provocar la caída de un numero indeterminado de políticos, entre ellos el alcalde Manuel Bustos. 

Esta nueva riada de corrupciones urbanísticas se ha desbordado y amenaza con afectar otros ayuntamientos, entre ellos Montcada i Reixac. En nombre de la justicia democrática, en recuerdo de los centenares de muertos de la riada de 1962, debería, esta vez sí, llegarse hasta el final.