Medio siglo de corrupción urbanística en el Vallés

En el trasfondo de la riada del 62 se alza imperturbable la sombra de la corrupción urbanística. Las huellas de esta corrupción se encuentran fielmente recogidas en el sumario 14.681/62 que empezó a instruir al día siguiente de la riada el juez Julián Serrano Puértolas, titular del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 1 de Terrassa.

Este sumario, que yacía olvidado en las estanterías del Archivo Comarcal de Terrassa, fue recientemente rescatado por los responsables del archivo dentro del proceso de revisión de la historia que se viene efectuando con ocasión del 50 aniversario de la riada del Vallés y en la que, modestamente, hemos aportado un grano de arena en forma de libro, que se llama La riuada de Franco, del que surge este blog.

La recuperación de este sumario por parte del Archivo Comarcal de Terrassa y en especial del investigador Josep Lluís Llorca, hace pocos meses, constituye un jalón histórico trascendente, ya que es la prueba palpable que desde el primer momento sectores de sensibilidad democrática trataron de buscar pruebas y establecer conexiones entre la tragedia y la corrupción urbanística.

El juez Julián Serrano Puértolas al frente de una comisión judicial, a pecho descubierto, empezó a escarbar en el barro y a buscar las pruebas de esta conexión criminal que enlazase tragedia y corrupción urbanística. Llevó a cabo la misión con absoluta seriedad y minuciosidad, levanto croquis, tomo fotos de las víctimas y llamo a declarar a sus familiares. Pero el juez Serrano, que por su cargo intuyó que debía de ser un recién salido de la carrera, hizo algo más: empezó a preguntar a organismos e instituciones quien era el responsable de que se hubieran levantado viviendas y fábricas en los cauces de los ríos y de las rieras. 

El juez osó incluso llevar su investigación hasta el Ayuntamiento de Terrassa, la Confederación Hidrográfica del Ebro o a la Delegación Provincial del Ministerio de la Vivienda. Trato así de localizar la  mano o las manos asesinas que habían firmado las licencias que permitieron levantar edificaciones en terrenos cuanto menos peligrosos. No era una pesquisas en el aire, se basaba en la evidencia de centenares de muertos y millares de damnificados, pero también en detalles menores, pero no por ello menos importantes, como lo demuestra el hecho probado en su sumario que el Grupo de Viviendas San Lorenzo de Terrassa se levantara en zona no edificable, un terreno público, para convertirse en catafalco de un número indeterminado de personas.

Desde una perspectiva històrica, tan apasionante y trascendente es conocer el responsable o los responsables de aquellas atrocidades urbanísticas, como explicar quien era ese juez, Julián Serrano Puértolas, quien amenazó en 1962  poner patas arriba al franquismo, abrir en canal un cartapacio municipal experto en  irregularidades  urbanísticas y hacer caer en cascada a decenas de responsables políticos. No les voy a explicar la biografía de Julián Serrano Puértolas, entre otras razones porque no la tengo, pero sí puedo decirles que fue uno de los fundadores de la plataforma clandestina Justicia Democrática, que en 1972 se creó para combatir el franquismo y que aglutinó jueces, magistrados fiscales y personal administrativo.

Julián Serrano Puértolas fue uno de los comisionados de Barcelona que en 1972, en la agonía del franquismo, se reunió clandestinamente en el domicilio madrileño del juez Clemente Auger para fundar Justicia Democrática, junto con otros comisionados provenientes de Madrid y de otros puntos de España. Julián Serrano había viajado hasta Madrid con los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José MariaMena, entre otros. A todos les unía desde hacia años el mismo objetivo:  dinamitar el franquismo.

Justicia Democrática jugó un papel capital en la lucha contra el franquismo, una lucha que continuaron en la transición, lo que les costó represión, en forma de traslados forzosos o acotaciones en sus expedientes que les impidieron el acceso a determinados destinos. Yo conocí a muchos de sus miembros, con los que compartí momentos de zozobra, de lucha y sobretodo de ira. Julián Serrano fue uno de ellos.

Justicia Democrática fue el germen a partir del cual se creó en 1982 Jueces para la Democracia, una de las cinco asociaciones de la magistratura existentes actualmente en España. Jueces para la Democracia ha heredado el compromiso democrático firme y radical, pero tambien el prestigio de aquella plataforma clandestina contra el franquismo.

 

Pero volvamos al punto cero de esta historia para explicar que la maniobra política-judicial del juez Julián Serrrano, tratando de establecer un nexo causal entre la tragedia de la riada del 62 y la corrupción e irregularidades urbanísticas, fracasó.

El juez Serrano, sin que se sepa muy bien por qué, fue relevado de su cargo y se le envío a otro destino. En su lugar, al frente del juzgado de Terrassa y de aquel sumario que amenazaba al régimen, se colocó a otro juez, quizás mas dócil, seguramente menos guerrero, es decir menos comprometido con la democracia, que cerró la investigación de golpe: el carpetazo.

El 28 de marzo de 1964, el nuevo juez de Terrasa, instructor asimismo del sumario acumulado de Rubí, dictó un auto dando por concluidas las investigaciones por cuanto en su opinión no se había podido localizar ni discernir a responsables de las muertes ocasionadas a raíz de la riada.  

El auto lleva la firma del juez Antonio del Cacho Frago, que después fue magistrado en Barcelona, vicepresidente del Tribunal de la Competencia en Madrid y que fue designado miembro del Consejo del Poder Judicial entre 1985 y 1990 gracias al apoyo de la Minoría Catalana del Parlamento de Madrid, en otras palabras CiU. Cacho fue además miembro activo de la Asociación Profesional de la Magistratura, enfrentada ideológicamente a Jueces para la Democracia, en la que se alinearon los sectores más conservadores de la judicatura.

No me atrevería a decir que el juez Antonio del Cacho fuera un franquista, pero sí está claro que en 1964, hizo un favor al franquismo al cerrar la boca -el sumario- del único juez que trató de investigar las corrupciones urbanísticas de Terrassa y Rubí y establecer su conexión con la riada del 62, causante de la muerte de cerca de 700 personas.

Cincuenta años después, la corrupción urbanística asoma de nuevo en El Vallés. La sombra de las dudas se abaten esta vez sobre la alcaldía de Sabadell, amenazan con abrir en canal el consistorio y provocar la caída de un numero indeterminado de políticos, entre ellos el alcalde Manuel Bustos. 

Esta nueva riada de corrupciones urbanísticas se ha desbordado y amenaza con afectar otros ayuntamientos, entre ellos Montcada i Reixac. En nombre de la justicia democrática, en recuerdo de los centenares de muertos de la riada de 1962, debería, esta vez sí, llegarse hasta el final.