Las muertes del 62

El 62 fue un año trágico; a las muertes de la riada del Vallés se le sumaron las muertes por la represión franquista. La espiral de violencia hizo salir a la calle a millares de manifestantes en España, pero sobre todo en el extranjero. En plena oleada de protestas una mano anónima redactó una carta dirigida al Jefe del Estado, el Generalísimo Franco, pidiéndole que a las muertes provocadas por las inundaciones de Barcelona, no le sumara una muerte más, la del militante libertario Jordi Conill Valls, para quien un tribunal militar le pedía la pena de muerte por haber colocado varias cargas explosivas en las fachadas de tres edificios oficiales de la capital catalana. La carta pidiendo clemencia, escrita a máquina en un papel fino, fue distribuida clandestinamente, de mano en mano o por correo entre los miembros de una sociedad que, aunque vivía con miedo, no estaba dispuesta a dejarse aplastar por la dictadura.

Una de las copias de esta carta clandestina, pidiendo al Caudillo que reconsiderara la petición de pena de muerte a Jordi Conill Valls, está reproducida en el libro La riuada de Franco, la localizamos en los archivos históricos del Pabellón de la República, dependiente de la Universidad de Barcelona que dirige el catedrático de Historia Antoni Segura, con la colaboración de Rafael Aracil y Andreu Mayayo. La carta escrita en castellano, para que Franco no alegara excusas y pudiera entenderla perfectamente, lleva a su pie unas frases escritas en catalán, en las que se rogaba que “por humanidad y caridad cristiana” se hiciera difusión del escrito para poder así salvar la vida de uno de sus conciudadanos. La carta es muy corta y concisa:


“Excmo Sr. D. Francisco Franco Bahamonde.

Palacio del Pardo.

Madrid.

Excelentísimo señor:

En estas horas que todos los españoles lloramos las muertes de tantas víctimas de las inundaciones, solicito del Jefe del Estado y de las autoridades militares que tengan la caridad cristiana de no añadir una víctima más a los centenares de muertos, y, como legalmente proceda, eviten que el estudiante barcelonés Jorge Conill Valls sea fusilado.
 
Dios guarde su Excelencia muchos años.

 

Barcelona, 2 de octubre 62”.

Aunque en plena lógica la carta no debiera de estar firmada, la copia que se conserva en los archivos del Pabellón de la República lleva a su pie, escrita también a máquina, el nombre de Marqués de Santa María de Barberá y de la Manresa, como si éste hubiera firmado el documento. El nombre es legible, a pesar de que sobre este nombre a modo de tachadura se escribieron a máquina una serie indefinida de letras x en mayúscula. 

Es posible que el nombre puesto al pie de la carta fuera una broma de  la oposición o que efectivamente estuviera puesto por el propio Joaquín de Sarriera y Losada, que en aquella época ostentaba el título de nobleza, que le había sido otorgado a su familia por el rey Alfonso XIII. Cualquiera de las dos hipótesis es válida, incluso la de la broma, entre otras razones porque los juegos de palabras llenas de ironías y dobleces eran habituales entre la oposición antifranquista de la época. La ironía les servía de válvula de escape para tratar de superar la situación de tensión en que se encontraban inmersos muchos activistas.

La anécdota de la firma del documento no logra enmascarar la mísera y trágica realidad en que vivía la sociedad española, el año 1962, que también fue el de la riada del Vallés. En el periodo comprendido entre las trágicas inundaciones y el fin de año, es decir tres meses, se celebraron en España al menos seis Consejos de Guerra contra activistas antifranquistas a los que se les condenó a un total de 360 años de cárcel.

Una calle del Campo de la Bota de Barcelona,
escenario de ejecuciones franquistas,
inundada por la riada de septiembre de 1962
 (Foto Perez de Rozas, Archivo Histórico de Poblenou).

La mayor parte de los condenados fueron militantes anarquistas y libertarios que, después de reorganizarse, habían emprendido una gran ofensiva contra el régimen, a base de explosivos y atentados. El más osado de los atentados fue el perpetrado el 19 de agosto en la entrada del Palacio de Ayete, que era la residencia veraniega de Franco, pero también se colocaron bombas en las sedes de los periódicos Ya, Pueblo, La Vanguardia y ABC, en Barcelona y Madrid.

Jordi Conill, que fue juzgado el 23 de septiembre de 1962 y cuya causa fue revisada en casación el 5 de octubre, logró sin duda salvar la vida, gracias a la presión popular, ejercida a través de cartas como aquella y de centenares de movilizaciones desencadenadas en todo el mundo. El tribunal militar, en lugar de la pena de muerte, que le solicitaba el fiscal, le impuso una condena de 30 años de prisión. El Campo de la Bota de Barcelona, lugar habitual de los fusilamientos franquistas y donde Conill hubiera podido ser ejecutado, permaneció en silencio aquel invierno, a pesar de que el barro, que había arrastrado las inundaciones de septiembre, ocupaba sus calles y muchas de las barracas del barrio.

Sin embargo, antes de que finalizara aquel año trágico, en noviembre de 1962, el aparato represor alcanzaría su paroxismo, al detener en Madrid al dirigente comunista Julian Grimau García. Grimau sí fue ejecutado, en la primavera de 1963, a pesar de la movilización y las protestas internacionales. Franco, alentado y reforzado por la oleada de propaganda laudatoria conseguida a costa de la riada del Vallés, permaneció firme. Sin pestañear y con el puño cerrado, confirmó la sentencia contra Grimau, que sería fusilado en el campo de tiro del cuartel de Campamento en Madrid.

El año  que siguió al de la riada, 1963, fue pues aún peor que el anterior. Aunque no hubo muertes por inundaciones, el franquismo continuó reprimiendo con dureza y provocando sangre. Las estadísticas lo demuestran; en los primeros cuatro meses de aquel nuevo año se juzgaron en Consejos de Guerra a cerca de 120 militantes antifranquista, cuatro veces mas que en el trimestre precedente, el ultimo de 1962. Esta vez la mayoría de los condenados no fueron anarquistas, sino militantes del Frente de Liberación Popular –FLP- y comunistas.

En cualquier caso, al franquismo sólo le preocupaban los muertos de la riada del Vallés porque podía permitir exprimirlos para hacerse publicidad. Por eso ordenó erigir obeliscos en todas las poblaciones afectadas por la riada. A las otras víctimas, a las de la represión franquista, optó por volverlas a condenar, pero esta vez al silencio. Cincuenta años después, continúa perpetuándose la misma estrategia; obeliscos para la riada y silencios para el fraude y la represión.